A la hora de elegir, los empleados públicos tienen claro que la sanidad privada es la mejor opción. El 91% de los funcionarios se ha decantado este año por una de las nueve entidades privadas que, a través de un convenio con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), prestan asistencia sanitaria a los trabajadores de la Administración central.
La decisión de la plantilla pública además ha dado una alegría presupuestaria al Gobierno, puesto que por cada funcionario que opta por una de las entidades privadas —Aegón, Adeslas, Asisa, Caser, DKV Seguros, Groupama, La Equitativa de Madrid, Igualatorio Médico Quirúrgico Colegial de Santander y Mapfre Caja Salud— se ahorra un 40% con respecto a si el empleado hubiese elegido la Seguridad Social, según los datos facilitados por DKV Seguros, que se desprenden de un informe elaborado por PriceWaterhouseCoopers.Panorama
Según esta entidad aseguradora, que un 9% de los funcionarios no estén adscritos a la sanidad privada se debe más a dificultades para acceder a ella —por no tener un centro cercano fundamentalmente— que por una decisión voluntaria. Reconoce que el porcentaje de los que deciden la prestación privada subirá progresivamente a medida que las sociedades vayan ampliando sus zonas de influencia.
Mientras, las entidades sanitarias, que no ganan e incluso pierden dinero por el convenio suscrito con la Administración, pero que se ven compensadas por el incremento de nuevos titulares, han visto este año un importante avance, ya que en el acuerdo suscrito con Muface prevé el pago de dos cantidades diferentes dependiendo la edad de los funcionarios.
Muface abonará en 2006 a las entidades aseguradoras 56,27 euros por mes por cada funcionario que a 31 de diciembre de 2005 tuviese 65 años o más.
Mientras, la cantidad que se pagará si el beneficiario protegido tiene a esa fecha menos de 65 años será de 47,45 euros.
El colectivo de Muface asciende a más de 1.600.000 personas entre titulares y beneficiarios. Cada titular tiene como media un beneficiario, según los datos facilitados por el Ministerio de Administraciones Públicas. Cada año, la Ley de Presupuestos fija una cuota del sueldo que el funcionario debe pagar a Muface. En 2006 es del 1,69% de la retribución, mientras que el Estado aporta algo más del 5%.Cotización
Se cotiza mensualmente, siendo el doble el abono de junio y diciembre, meses en los que los empleados públicos tienen paga extra.
La cuota mensual para 2006, según el grupo funcionarial al que pertenezca el mutualista, oscila entre un máximo de 42,37 euros —para el A— y un mínimo de 17,27 euros mensuales —para el nivel más bajo, el E—.
Están incluidos, de forma obligatoria, en el campo de aplicación del mutualismo administrativo todos los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y los funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar en cuerpos de la Administración Civil del Estado.
La evolución de funcionarios que se decantan por las entidades privadas ha sido progresiva en los últimos años.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Administraciones Públicas, en 2005 había 1.546.409 de funcionarios y beneficiarios en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. De estos, 727.023 eran titulares de entidades, mientras que sólo 117.259 eran titulares del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Los beneficiarios del INSS eran 90.726 y los de las entidades privadas, 611.193. Es decir, el 86,6% de los empleados públicos optaron por la sanidad privada.
En 2001, el número de funcionarios y familiares de estos en Muface era mayor que el año pasado y ascendía 1.719.436. De estos, 1.397.858 eligieron las aseguradoras privadas, el 81% del total.
Enrique Morales, en La Gaceta de los Negocios, 9/3/2006).

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